La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que entró en vigor el día 9 de Enero de 2001 consagra el denominado proceso monitorio que permite reclamar las pequeñas deudas (hasta 30.000 €) mediante un procedimiento ágil, sencillo y generalmente eficaz.

El proceso monitorio lleva muchos años en funcionamiento con éxito en diversos países de la U.E.

Eramos muchos los procesalistas que veníamos reclamando desde los años ochenta y desde diversos ámbitos, de la abogacía, académicos, del mundo empresarial, etc., que se implantara en España. Hoy, tras siete años en funcionamiento podemos afirmar que los resultados son muy buenos a pesar de que esta vía de recobro de deudas no es empleada mayoritariamente por las empresas.

El proceso monitorio es, sin lugar a dudas, una buena solución para los impagos por su bajo coste y su rápida resolución.

Hay que tener en cuenta que el proceso monitorio está exento de la gran parte de rigurosos formalismos de los procesos judiciales. Según el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C) podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada no superior a treinta mil euros, cuando la deuda se acredite de alguna de las siguientes formas:

• Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.

• Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos, que aún unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relación de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

Del análisis de los requisitos exigidos por la Ley, deducimos que es claramente posible y fácil, acudir a una reclamación a través de un proceso monitorio.

En cuanto a las formas de la reclamación, observamos que según el Art. 814 de la LEC, son extraordinariamente sencillas  “..... la petición podrá extenderse en impreso o formulario que facilite la expresión, de los extremos de identidad del acreedor, deudas, domicilio, origen y cuantía de la deuda.

No se precisa para la petición inicial valerse de abogado y procurador.

En BONFILL ADVOCATS, disponemos de un equipo interno de eficientes abogados especializados en Reclamaciones Judiciales y  a su vez, de un equipo externo de eficientes procuradores. Ambos, intervienen desde el inicio, en todos los procesos monitorios.

Según el Art. 818 de la LEC, si el deudor se opone al pago de la deuda hay que resolver el asunto en el Juicio que corresponda y en estas circunstancias deberán intervenir los abogados y procuradores del que formula la oposición y del acreedor. Es por ello que en nuestro caso ya intervienen estos profesionales desde el inicio con lo que revestimos la reclamación con todas las garantías de técnica jurídico-procesal.


Procedimiento Ejecutivo

Si el deudor no paga la cantidad reclamada o no comparece ni formula oposición, el Juez dicta auto despachando ejecución por la cantidad adeudada.

Es importante destacar que por la módica aportación por el acreedor del 3% + IVA (ó IGIC) de las cantidades a reclamar, BONFILL ADVOCATS, asume todo el trabajo desde la recopilación y examen de la documentación, reclamación prejudicial, información sobre solvencia del deudor, redacción y presentación de las reclamaciones a través del proceso monitorio, intervención en caso de oposición del deudor, seguimiento del proceso ejecutivo, con intervención de abogado y procurador, hasta la recuperación de la deuda, sin otro coste para él acreedor que no sea los honorarios profesionales tasados y aceptados previamente por el cliente, entre el 10 % y el 20% de la cantidad recuperada.


Ventajas Fiscales

El simple hecho de presentar la reclamación judicial mediante proceso monitorio, faculta al acreedor:

• Solicitar la recuperación del IVA de las facturas impagadas.
• Proceder a efectuar una dotación para insolvencias de tráfico mercantil por el importe de las facturas impagadas.

Nuestro Departamento Fiscal puede asesorarle y encargarse de estas cuestiones. En cualquier caso, estos beneficios fiscales enunciados, son superiores al 3% + IVA (ó IGIC) que nuestros clientes nos han abonado en concepto de gasto único, a fondo perdido.

Experiencia de 50 años en Recuperación de Créditos Morosos nos avalan.

EFICACIA Recuperación superior al 40% en créditos de menos de un año de antigüedad. INSISTENCIA No damos un crédito moroso por fallido si no existe una imposibilidad real de cobro. GASTO FIJO Nuestros servicios comportan una pequeño gasto fijo por expediente (3%), más un porcentaje sobre las cantidades recobradas. Si no recuperamos, no cobramos honorarios. DOCUMENTACIÓN Máxima sencillez. Mediante un simple albarán de entrega y copia de la factura podemos iniciar toda la Acción de Recobro Prejudicial y Judicial.

TARIFAS

ECONÓMICAS, SENCILLAS Y CLARAS. Pago de un único coste fijo al formalizarse el encargo, equivalente al 3% más IVA (o IGIC en Islas Canarias) sobre el importe total de los créditos a recuperar. Si no se recupera el crédito,no se facturan honorarios. Una vez recuperada toda o parte de la deuda, se factura en concepto de Honorarios, un porcentaje sobre la cantidad recuperada y en función de la antigüedad del crédito: Antigüedad Crédito Honorarios Hasta 180 dias     10% De 181 a 365 días 15% Más de 365 dias     20%

PROCEDIMIENTO
PRNTO
Consta de las siguientes fases:

1-Trámites previos Entrega de la documentación por el cliente Firma encargo prestación de servicios Otorgamiento Poder a Pleitos 2- Fase Prejudicial Reclamación telefónica, por carta y burofax Investigación sobre solvencia, fincas… Preparación Reclamación Judicial 3- Reclamación Judicial - 1ª fase Procedimiento Monitorio 4- Reclamación Judicial - 2ª fase Procedimiento Ejecutivo

Recuperación del IVA ó IGIC y Disminución Impuesto Sociedades
Esto significa que por un coste fijo inicial del 3% recuperará el 16% del IVA (ó 5% del IGIC en Islas Canarias) más el 35% del Importe del crédito en el Impuesto de Sociedades. Esto supone un beneficio importante antes de recuperar el crédito moroso.